Estados Unidos plantea ampliar el cobro de multas migratorias a personas deportadas que residen en el extranjero
El gobierno de Estados Unidos analiza contratar a una empresa privada para localizar en México, Guatemala, Honduras y otros países a personas que fueron deportadas o salieron voluntariamente del territorio estadounidense y que mantienen multas migratorias pendientes de pago.
La medida fue dada a conocer mediante una convocatoria de contratación emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en la que se solicita una compañía con capacidad para ubicar a los deudores fuera de Estados Unidos, notificarles el monto pendiente y gestionar su recuperación.
Buscarán localizar a personas con adeudos migratorios
De acuerdo con el documento, la empresa contratada deberá estar registrada en Estados Unidos y contar con la capacidad de realizar labores de localización, al menos, en México, Guatemala y Honduras.
Una vez identificada la persona, la compañía deberá informarle sobre el adeudo y ofrecer opciones para cubrir la multa, ya sea mediante un pago único, un plan de pagos o algún otro mecanismo autorizado.
Las autoridades estadounidenses también prevén que el pago pueda ser realizado por el propio migrante o por un tercero.
Solicitarán pruebas de localización
Como parte del proceso, la empresa deberá entregar evidencia que confirme la identidad y ubicación del deudor.
Entre los documentos o elementos que podrían utilizarse se encuentran fotografías del domicilio, comprobantes de servicios, registros laborales o, en caso de fallecimiento, un certificado oficial.
Miles de multas continúan sin cobrarse
La CBP estima que 66 mil 387 personas que ya no se encuentran en Estados Unidos mantienen multas civiles pendientes relacionadas con infracciones a la legislación migratoria.
En conjunto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula que el monto total de las sanciones sin cobrar asciende a aproximadamente 423 millones de dólares.
Las multas incluyen casos relacionados con el incumplimiento de órdenes de salida del país. Según la legislación estadounidense, la sanción diaria por no acatar una orden de expulsión fue establecida originalmente en 500 dólares y, tras ajustes por inflación, actualmente puede alcanzar 998 dólares por día.
Buscan ampliar la cobranza fuera del territorio estadounidense
Actualmente, la CBP mantiene contratos con empresas privadas encargadas de recuperar multas impuestas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, aunque estas operan únicamente dentro de Estados Unidos.
Según la agencia, hasta ahora los intentos para contactar a personas que ya se encuentran en otros países se han limitado principalmente al envío de cartas y llamadas telefónicas, sin resultados efectivos.
La nueva contratación tiene como objetivo ampliar la capacidad de localización y recuperación de adeudos directamente en los países donde residen las personas involucradas.
