Tribunal federal de Estados Unidos determina que inmigrantes detenidos pueden solicitar libertad bajo fianza
Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos resolvió que la administración del presidente Donald Trump no puede negar de manera automática el derecho de los inmigrantes detenidos dentro del país a solicitar una audiencia de fianza mientras sus procesos migratorios continúan.
La decisión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, mediante una votación dividida de 2-1. El fallo establece que las personas detenidas por autoridades migratorias en territorio estadounidense deben tener la posibilidad de buscar una audiencia para evaluar su eventual liberación bajo fianza.
La resolución profundiza la diferencia de criterios entre tribunales federales de apelaciones sobre la política de detención obligatoria impulsada por el gobierno de Trump. Mientras otros tribunales han rechazado medidas similares, el Quinto Circuito y el Octavo Circuito han respaldado la postura de la administración federal.
Esta división entre cortes aumenta la posibilidad de que el caso pueda llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos para una resolución definitiva.
El conflicto surgió después de que autoridades migratorias emitieran nuevas directrices en julio del año pasado para ampliar la aplicación de la detención obligatoria a inmigrantes arrestados dentro del país, como parte de la estrategia de deportaciones del gobierno.
La administración Trump argumentó que una modificación a la ley migratoria aprobada por el Congreso en 1996 permitía aplicar la detención obligatoria más allá de las zonas fronterizas. Sin embargo, el juez Daniel Bress, quien redactó la opinión mayoritaria y fue designado por Trump, rechazó esa interpretación al considerar que la aplicación histórica de la legislación respaldaba una lectura diferente.
El fallo fue respaldado también por la jueza M. Margaret McKeown, designada durante la administración del expresidente Bill Clinton. En contraste, el juez Carlos Bea, nombrado por el expresidente George W. Bush, expresó su desacuerdo y señaló que la ley de 1996 respaldaba la postura del gobierno federal.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una postura oficial sobre la resolución.
