España propone ampliar hasta 2030 la protección contra desalojos y regular los alquileres

Madrid, España.— El Gobierno español anunció un nuevo paquete de medidas para atender la crisis de vivienda, entre ellas una propuesta para ampliar hasta 2030 la protección frente a determinados desalojos, extender la renovación de contratos de alquiler y aumentar la regulación sobre los arrendamientos de temporada y habitaciones.

Las iniciativas fueron acordadas por el Gobierno de coalición y deberán ser sometidas al Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cuenta con mayoría propia. Por ello, su aprobación dependerá de las negociaciones con otras fuerzas políticas.

El paquete también plantea limitar determinadas operaciones de inversión inmobiliaria y establecer medidas dirigidas a incrementar la oferta de vivienda asequible. Entre las propuestas se encuentra restringir la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión considerados especulativos, un reclamo que ha adquirido relevancia dentro de las recientes movilizaciones de organizaciones de inquilinos.

El Gobierno busca ampliar la protección de los inquilinos

De acuerdo con la información difundida sobre el acuerdo, una de las medidas contempla extender las medidas de protección para determinados hogares hasta 2030. También se plantea la renovación obligatoria de contratos en determinados casos, mientras que otras disposiciones estarían orientadas a proporcionar mayor estabilidad a los arrendatarios.

La propuesta llega después de que el Gobierno ya hubiera aprobado durante 2026 distintas medidas temporales para proteger a hogares en situación de vulnerabilidad. En febrero, por ejemplo, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desalojos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Además, en marzo se aprobó una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual cuya finalización estuviera prevista antes del 31 de diciembre de 2027, así como un límite extraordinario del 2% a determinadas actualizaciones de renta.

También plantean regular alquileres de temporada

El nuevo paquete incluye una propuesta para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, modalidades que han ganado presencia en varias ciudades españolas y que organizaciones de inquilinos consideran que reducen la oferta disponible para residentes permanentes.

El Gobierno también estudia medidas fiscales y de regulación destinadas a ampliar la vivienda asequible y aumentar la oferta disponible. La política habitacional forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla 7 mil millones de euros y programas de alquiler asequible y vivienda pública.

Protestas aumentan la presión sobre el Gobierno

El anuncio ocurre después de varias jornadas de movilizaciones relacionadas con el costo de la vivienda y los desalojos. En Madrid, manifestantes instalaron un campamento en Puerta del Sol para exigir mayores garantías para los inquilinos y cambios en las políticas de vivienda. Reuters reportó que alrededor de 30 mil personas participaron durante el fin de semana en una marcha en la capital española.

Las protestas adquirieron mayor visibilidad después del desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante más de siete décadas en su vivienda de Madrid. Tras la movilización social, la propietaria del inmueble llegó a un acuerdo para permitir su regreso bajo nuevas condiciones de alquiler.

El caso se convirtió en uno de los principales focos del debate sobre el acceso a la vivienda en España, aunque las organizaciones de inquilinos han insistido en que la situación requiere cambios que vayan más allá de un caso particular.

El Congreso deberá decidir sobre las medidas

El Gobierno prevé tramitar las propuestas mediante dos decretos, uno de ellos centrado en las medidas de protección y otro relacionado con la renovación de los contratos de alquiler. Sin embargo, el Ejecutivo necesita conseguir apoyos parlamentarios para que las disposiciones puedan mantenerse.

La situación política complica la aprobación, ya que algunos grupos han planteado excepciones para pequeños propietarios y existen diferencias sobre el alcance de las medidas.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene otros programas para aumentar la oferta de vivienda asequible. En septiembre presentó el primer portal estatal del parque público de vivienda, con 800 viviendas disponibles y otras 1,500 previstas para incorporarse posteriormente.

Las nuevas propuestas buscan atender tanto la protección de los inquilinos como el incremento de la oferta habitacional, pero su alcance definitivo dependerá de la aprobación parlamentaria y del contenido final de los decretos.

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