Jueza frena temporalmente fondo impulsado por Trump para compensar a presuntas víctimas del Departamento de Justicia
Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó de manera temporal la creación y distribución de un fondo de 1,776 millones de dólares promovido por el presidente Donald Trump, destinado a compensar a personas que, según el gobierno, habrían sido afectadas por una supuesta politización del Departamento de Justicia durante la administración anterior.
La decisión fue emitida por la jueza federal Leonie Brinkema, quien además prohibió que el gobierno continúe con la implementación del programa mientras se resuelve el litigio en tribunales. La magistrada programó una audiencia para el próximo 12 de junio, fecha en la que se determinará si la suspensión provisional se mantiene.
El fondo fue anunciado por el gobierno estadounidense como parte de un acuerdo relacionado con una demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), luego de la filtración de sus declaraciones fiscales. Sin embargo, la propuesta generó controversia desde su presentación, incluso entre legisladores republicanos, quienes cuestionaron los criterios de elegibilidad y la falta de claridad sobre quiénes podrían recibir compensaciones.
Uno de los principales puntos de debate surgió después de que funcionarios del Departamento de Justicia no descartaran públicamente la posibilidad de que personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 pudieran solicitar recursos del fondo.
Diversas organizaciones civiles y demandantes consideran que el programa carece de bases legales y mecanismos de supervisión adecuados. Entre quienes impugnaron el fondo se encuentran un exfiscal despedido y un profesor universitario que fue absuelto de cargos relacionados con una protesta federal.
La organización Democracy Forward, una de las impulsoras de la demanda, argumentó que el fondo representa un uso indebido de recursos públicos y pidió su cancelación definitiva. Otras agrupaciones civiles también han presentado recursos legales paralelos en Washington.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha conformado la comisión encargada de definir los criterios de distribución ni se han entregado recursos a posibles beneficiarios.
El caso continúa generando debate político y jurídico en Estados Unidos, especialmente por las implicaciones que podría tener sobre el manejo de fondos federales y la interpretación de las facultades del Poder Ejecutivo.
