Audiencia Nacional de España abre investigación penal por entrada masiva de migrantes en Ceuta
Madrid.- La Audiencia Nacional de España abrió una investigación penal para esclarecer las circunstancias relacionadas con la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, así como la posible participación de personas u organizaciones en la coordinación de los hechos.
La investigación fue ordenada por la jueza María Tardón, quien consideró que existen elementos que podrían apuntar a delitos relacionados con la integridad territorial de España, organización criminal y otros hechos que deberán ser determinados durante el proceso.
De acuerdo con el auto judicial, la magistrada sostiene como una de las hipótesis de investigación que los movimientos migratorios pudieron haber sido coordinados desde Marruecos y utilizados para afectar la integridad territorial española.
La decisión se produjo después de una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa. La Fiscalía respaldó que la Audiencia Nacional asumiera el caso, al considerar que los principales efectos de los hechos se produjeron en territorio español.
Investigación contempla una posible coordinación
El procedimiento toma en cuenta, entre otros elementos, un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), según el cual las entradas no habrían sido espontáneas, sino que pudieron estar coordinadas.
La resolución judicial plantea la existencia de una estructura de al menos cinco niveles. En uno de ellos se encuentran las personas que ingresaron a Ceuta; en otro, quienes presuntamente difundieron mensajes para incentivar los cruces mediante redes sociales, y en un tercero, los posibles organizadores que habrían operado sobre el terreno.
Los niveles restantes corresponden, según la hipótesis planteada en el auto, a personas que pudieron haber planificado y dirigido las acciones. La identidad y responsabilidad de los posibles participantes serán materia de investigación.
La jueza también analiza el comportamiento de algunos agentes marroquíes durante los acontecimientos y señala que, presuntamente, algunos habrían dado indicaciones a personas que intentaban llegar a la frontera española. Estos señalamientos forman parte de las líneas de investigación y deberán ser acreditados durante el procedimiento.
Autoridades habían emitido una alerta previa
El auto señala que el 29 de julio, un día antes de los cruces masivos, el Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos había emitido una alerta en la que advertía de un “riesgo extremo” ante la posibilidad de entradas coordinadas mediante el cruce a nado y el salto de la valla fronteriza.
La magistrada analizará también la respuesta de las autoridades españolas ante esas advertencias y la disponibilidad de los recursos destinados a atender el incremento de llegadas.
Según la resolución, los acontecimientos generaron una fuerte presión sobre las capacidades de control fronterizo y posteriormente afectaron diversos servicios de la ciudad.
Investigación también aborda fallecimientos
Los hechos ocurrieron en un contexto en el que, de acuerdo con las cifras citadas en el auto judicial, alrededor de 140 personas murieron durante los intentos de entrada, 83 de ellas en aguas españolas.
La investigación contempla posibles responsabilidades relacionadas con homicidios imprudentes, además de otros delitos que la Audiencia Nacional considera dentro de su ámbito de competencia.
El procedimiento también incorpora declaraciones de autoridades españolas realizadas después de los acontecimientos, entre ellas las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien calificó la situación como una afectación a la integridad territorial del país.
La causa permanecerá parcialmente bajo secreto, con acceso para la Fiscalía, mientras continúan las diligencias para determinar qué ocurrió, cómo se organizaron los movimientos migratorios y si existieron responsabilidades penales.
La apertura de la investigación no implica que las personas señaladas hayan sido declaradas responsables de algún delito, ya que corresponderá al proceso judicial determinar los hechos y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
