Plantean cambios legales para proteger a docentes señalados en denuncias
Tampico, Tamaulipas.- Revisar las leyes para garantizar el respeto a la presunción de inocencia de docentes y otras personas sujetas a una investigación es el objetivo de una iniciativa que prepara la diputada local Úrsula Salazar Mojica, quien planteó la necesidad de proteger los derechos de los señalados sin descuidar la integridad de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora tampiqueña indicó que actualmente trabaja en la elaboración de una propuesta para analizar los mecanismos legales que se aplican cuando una persona enfrenta acusaciones que pueden repercutir en su vida laboral y reputación, incluso antes de que exista una resolución judicial definitiva.
Entre los casos que motivan la discusión se encuentra el de un director de secundaria de Ciudad Madero, quien fue separado de su cargo tras enfrentar una acusación por abuso sexual agravado y posteriormente recibió una resolución de no vinculación a proceso.
Al respecto, Salazar Mojica consideró necesario examinar las consecuencias que pueden derivarse de este tipo de procedimientos, tanto para quienes presentan una denuncia como para las personas que son señaladas.
La diputada sostuvo que la protección de los menores debe permanecer como una prioridad, al mismo tiempo que se garantizan los derechos de quienes enfrentan una investigación. Por ello, señaló que la intención es revisar la legislación vigente e identificar posibles ajustes que permitan atender ambas obligaciones.
Aclaró que la iniciativa todavía se encuentra en etapa de preparación, por lo que aún no se han definido los cambios específicos que podrían incorporarse al marco jurídico.
Una vez concluido el análisis, adelantó que el proyecto será presentado para su discusión, con la intención de fortalecer las garantías legales y procurar que los procedimientos se desarrollen con respeto a los derechos de todas las personas involucradas.
La propuesta abrirá la discusión sobre cómo conciliar las medidas de protección en casos que involucran a menores de edad con el principio de presunción de inocencia, sin que una garantía implique dejar de atender la otra.
