Investigan tres notarías de Tamaulipas por operaciones inmobiliarias; revisan caso de Playa Miramar
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Tres notarías del sur de Tamaulipas se encuentran bajo investigación por presuntas irregularidades relacionadas con operaciones inmobiliarias, entre ellas un expediente vinculado con aproximadamente 11 hectáreas de Playa Miramar, en Ciudad Madero.
El diputado local Claudio de Leija Hinojosa informó que la Dirección de Asuntos Notariales de la Secretaría General de Gobierno mantiene abiertas las indagatorias para determinar si existieron actuaciones indebidas en el ejercicio de la función notarial o afectaciones a particulares. Hasta ahora, las autoridades no han hecho públicos los nombres de los fedatarios involucrados.
La existencia de una investigación no implica que se haya acreditado una responsabilidad administrativa o penal. Corresponderá a las autoridades concluir los procedimientos y determinar, en su caso, si hubo infracciones y qué consecuencias legales proceden.
¿Qué ocurre con las 11 hectáreas de Playa Miramar?
Uno de los expedientes está relacionado con terrenos ubicados dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) de Playa Miramar.
El Ayuntamiento de Ciudad Madero detectó que aproximadamente 11.8 hectáreas de terrenos federales habían sido incorporadas al catastro municipal como supuesta propiedad privada. El caso salió a la luz después de que comenzaron a difundirse ofertas de terrenos ubicados en la zona de playa.
El alcalde Erasmo González Robledo informó posteriormente que las superficies habían sido escrituradas de manera irregular mediante distintas notarías y que el gobierno municipal inició un proceso para depurar los antecedentes registrales y catastrales.
De acuerdo con la información más reciente proporcionada por el Ayuntamiento, ya se realizaron procedimientos de cancelación y se solicitó la baja de las claves catastrales relacionadas con las superficies. El trámite se encuentra pendiente de una última intervención notarial para continuar posteriormente ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas.
La situación jurídica de estos terrenos se encuentra así en proceso de corrección administrativa y registral, mientras las autoridades investigan cómo llegaron a generarse los documentos cuestionados.
Revisión más amplia a la función notarial
El caso de Miramar forma parte de una revisión más amplia de la actividad notarial en Tamaulipas. Información presentada ante el Congreso estatal reportó 41 quejas o investigaciones administrativas y 184 visitas de inspección realizadas a notarías activas. También se han documentado denuncias relacionadas con presuntas modificaciones patrimoniales y transferencias de inmuebles sin autorización de sus propietarios.
En abril de 2026, el Congreso de Tamaulipas aprobó reformas a la Ley del Notariado para fortalecer la supervisión de los fedatarios y permitir medidas preventivas durante investigaciones administrativas cuando existan indicios de posibles infracciones graves. La propia legislación establece que dichas medidas son temporales y no prejuzgan sobre la responsabilidad del notario.
La Dirección de Asuntos Notariales también ha informado que en algunos casos del sur del estado se han aplicado medidas para impedir nuevas operaciones mientras continúan las revisiones. Entre los asuntos bajo análisis se encuentran operaciones sobre inmuebles y terrenos de la zona de Playa Miramar.
¿Qué podría ocurrir con los notarios?
Si las investigaciones determinan que existieron incumplimientos a la Ley del Notariado, los responsables podrían enfrentar las sanciones administrativas previstas por la legislación, dependiendo de la conducta y su gravedad.
Entre las medidas contempladas por el marco jurídico se encuentran sanciones administrativas y, en los casos establecidos por la ley, medidas que pueden limitar temporalmente el ejercicio de la función notarial. La determinación de una eventual responsabilidad requiere que concluya el procedimiento correspondiente.
Por ahora, las tres notarías permanecen bajo investigación y no existe una resolución definitiva que atribuya responsabilidad penal a sus titulares. En el caso de Playa Miramar, el municipio continúa con la depuración de los registros relacionados con las 11 hectáreas, mientras las autoridades estatales revisan las actuaciones notariales que dieron origen a los documentos cuestionados.
