Tribunal federal abre vía de amparo contra Meta por posibles afectaciones a derechos humanos
Ciudad de México.— Un tribunal federal abrió en México una nueva vía para que los usuarios puedan recurrir al juicio de amparo contra Meta cuando consideren que una decisión de la plataforma puede afectar sus derechos humanos.
La resolución, emitida por unanimidad el 18 de septiembre, determinó que Meta puede ser considerada una “autoridad equiparada” para efectos del juicio de amparo en determinadas circunstancias. El criterio surgió a partir del caso del abogado Felipe López Maya, cuya cuenta de Facebook fue inhabilitada el 1 de julio sin que, según su demanda, se le informara de manera específica la causa de la suspensión.
El tribunal consideró que las redes sociales representan espacios relevantes para el ejercicio de la libertad de expresión y las describió como una especie de “plaza pública digital”, debido a que en ellas se intercambian ideas y se debaten asuntos de interés general.
A partir de esta determinación, el juez que conoce el caso deberá analizar el amparo presentado por López Maya y determinar si la cancelación de su cuenta vulneró sus derechos. La resolución del tribunal colegiado, por sí misma, no determina que Meta haya violado esos derechos; establece que el reclamo puede ser examinado mediante esta vía judicial.
También existen casos relacionados con menores
El nuevo criterio se suma a otro proceso en el Estado de México relacionado con una adolescente de 14 años cuya imagen fue difundida en Facebook e Instagram sin autorización, en un perfil presuntamente vinculado con la comercialización de contenido sexual.
En ese expediente, un tribunal colegiado ordenó reabrir el juicio y analizar directamente la actuación de Facebook e Instagram. Los magistrados señalaron que la libertad de expresión tiene límites cuando puede afectar derechos como la dignidad, el honor y la protección de una persona menor de edad.
El caso también llevó a los tribunales a plantear cuestiones sobre la gobernanza de internet y la manera en que las plataformas aplican sus propias condiciones de servicio, particularmente cuando están involucrados grupos considerados vulnerables.
La Suprema Corte conoció este asunto en febrero de 2026, aunque determinó que no existía una contradicción que requiriera un pronunciamiento de fondo sobre el criterio de los tribunales involucrados.
Otro juicio busca restablecer cuentas suspendidas
Un tercer expediente corresponde al activista y periodista Miguel Alfonso Meza, cuyas cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp fueron suspendidas por Meta en agosto.
El juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional para ordenar el restablecimiento de las cuentas mientras continúa el juicio de amparo. El expediente plantea, entre otros aspectos, posibles afectaciones a la libertad de expresión.
La medida es provisional y no representa todavía una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de Meta.
Google también enfrenta un litigio ante la Suprema Corte
El debate sobre las responsabilidades de las grandes plataformas tecnológicas también alcanza a Google, en un juicio promovido por el abogado Ulrich Richter Morales.
La empresa enfrenta una sentencia que le atribuye responsabilidad por daño moral relacionada con la permanencia de un blog en Blogger y que contempla una indemnización de alrededor de 5 mil millones de pesos. El asunto se encuentra pendiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Google sostiene que el caso tiene implicaciones para la libertad de expresión y para el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios digitales. La empresa también ha cuestionado los efectos que una eventual condena tendría sobre el marco jurídico aplicable a las plataformas de internet.
Un nuevo escenario para las plataformas digitales
Los distintos procesos judiciales muestran que en México comienza a definirse, a través de resoluciones de juzgados, tribunales colegiados y eventualmente de la Suprema Corte, hasta dónde llega la responsabilidad de las plataformas digitales frente a los derechos de sus usuarios.
El caso de Felipe López Maya representa un punto relevante porque establece que, bajo determinadas condiciones, una empresa privada puede ser considerada una autoridad equiparada para efectos del amparo. Sin embargo, cada expediente deberá resolverse de manera individual y la determinación sobre una eventual violación de derechos corresponderá al juez que conozca cada asunto.
El desarrollo de estos litigios podría contribuir a definir en los próximos meses los criterios aplicables en México sobre libertad de expresión, uso de imagen, protección de menores y responsabilidad de las plataformas digitales.
