Reforma a la Ley de Inversión Extranjera propone incorporar el sector tecnológico a la revisión de seguridad nacional
CIUDAD DE MÉXICO. — Una iniciativa de reforma impulsada por el Ejecutivo Federal plantea modificar el marco regulatorio de la inversión extranjera en México, extendiendo la revisión de seguridad nacional a sectores tecnológicos avanzados como la inteligencia artificial, los semiconductores y la ciberseguridad.
Delimitación de nuevos activos estratégicos
La legislación vigente en materia de inversión extranjera ya prevé la revisión de adquisiciones por encima del 49% en sectores tradicionales o que superen ciertos umbrales económicos. Sin embargo, la propuesta busca definir de manera explícita áreas emergentes que involucran activos digitales y tecnológicos de alto valor, entre las que destacan:
- Tecnologías avanzadas: Inteligencia artificial, robótica, semiconductores, tecnologías cuánticas, nanotecnología y biotecnología.
- Seguridad digital y datos: Ciberseguridad, infraestructura física o virtual para procesamiento de datos y almacenamiento de energía.
- Bienes de doble uso: Desarrollos de carácter civil con potenciales aplicaciones en defensa, inteligencia o vigilancia.
Esta actualización complementa las regulaciones existentes en sectores como minería, energía, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, incorporando una evaluación de riesgo sobre el control que entidades extranjeras ejercen sobre la infraestructura y los datos en el país.
Criterios para la revisión obligatoria
La reforma no prohíbe el flujo de capital extranjero en el desarrollo tecnológico, sino que establece un procedimiento de autorización ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). Para que una transacción requiera esta revisión previa, deberán confluir tres factores:
- Porcentaje de participación: Adquisición directa o indirecta superior al 49% del capital social de una empresa mexicana.
- Umbral económico: Que los activos de la compañía superen el monto que determine formalmente la CNIE.
- Sector sensible: Que las operaciones de la firma se encuentren dentro de las actividades tecnológicas o estratégicas catalogadas.
De este modo, operaciones menores o inversiones en empresas emergentes (startups) que no alcancen el límite de activos establecido quedarían fuera del trámite obligatorio.
Reestructuración de la CNIE y marco sancionador
El proyecto contempla cambios en la integración de la CNIE al sumar con derecho a voto a las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, en casos relacionados con seguridad nacional, participarían en calidad de asesores instancias como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En materia de cumplimiento, la iniciativa propone sanciones económicas para las operaciones que omitan la autorización previa, con multas que van de 5,000 a 200,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa montos entre los 586,000 pesos y los 23.5 millones de pesos, según el valor del indicador.
Especialistas en derecho corporativo señalan que los fondos de inversión e inversionistas internacionales deberán incorporar este análisis regulatorio en los procesos de auditoría y estructuración de fusiones y adquisiciones en el país.
