Cuba amplía marco legal para empresas privadas con más de 100 trabajadores
La Habana.- El Gobierno de Cuba publicó el Decreto-Ley 133, mediante el cual se autoriza la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores, una nueva figura empresarial que amplía el esquema de negocios privados establecido en la isla desde 2021 con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial y establece la creación de sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) cuando existan varios propietarios, y sociedades unipersonales de responsabilidad limitada (S.U.R.L.) cuando haya un solo dueño. La norma entrará en vigor siete días después de su publicación.
Las nuevas empresas podrán establecer locales o sucursales en otras provincias del país y deberán realizar sus operaciones financieras mediante cuentas bancarias corrientes. La comercialización de bienes y servicios deberá efectuarse principalmente en pesos cubanos, salvo en aquellas actividades donde la legislación permita el uso de divisas.
Requisitos para constituir las empresas
Antes de su aprobación, los socios deberán depositar el capital inicial en una cuenta transitoria y acreditar el origen lícito de los recursos.
La normativa contempla que los propietarios puedan ser ciudadanos cubanos residentes en la isla o en el extranjero, así como extranjeros residentes en Cuba. Sin embargo, establece restricciones para funcionarios y dirigentes del Estado y el Gobierno, además de personas con determinadas deudas o condenas incompatibles con la actividad empresarial.
Las compañías tendrán autonomía para establecer precios, dentro de los límites establecidos por las autoridades, y podrán determinar los salarios de sus trabajadores.
También tendrán la posibilidad de realizar operaciones de importación y exportación de manera directa, aunque requerirán autorización del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex). La legislación igualmente permite la asociación con capital extranjero.
Cambios para cooperativas y trabajadores por cuenta propia
El nuevo marco también contempla modificaciones para las cooperativas, que podrán ampliar sus actividades hacia otras provincias y realizar operaciones de comercio exterior con autorización del Mincex. Sus actividades comerciales deberán efectuarse en pesos cubanos.
En el caso de los trabajadores por cuenta propia, se mantienen restricciones sobre la contratación de colaboradores fuera del núcleo familiar, mientras que quienes tengan trabajadores contratados deberán bancarizar el pago de salarios.
La normativa establece además una obligación de responsabilidad social para las empresas, mediante acciones que contribuyan a las comunidades donde desarrollen sus actividades.
Nuevas actividades privadas
Entre las medidas publicadas también se encuentra una resolución del Ministerio de Educación que autoriza las Casas de Cuidado Infantil privadas. Las personas encargadas de prestar este servicio deberán completar una capacitación y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades.
Asimismo, se permiten clases privadas de idiomas, cuyos profesores deberán acreditar ante el Estado un nivel mínimo B1.
También se autoriza la prestación de clases particulares y se permite que docentes de la educación pública impartan actividades de repaso fuera de su horario laboral. Estos servicios no podrán otorgar títulos o diplomas oficiales ni utilizar instalaciones o materiales pertenecientes al sistema público de educación.
Cambios en el sector inmobiliario
Las nuevas disposiciones permiten que propietarios de inmuebles puedan rentar espacios a empresas privadas y cooperativas.
Los contratos de alquiler deberán incluir un registro de las personas que permanezcan en los inmuebles durante un periodo de cinco años. Cuando los huéspedes sean ciudadanos cubanos residentes en el extranjero o extranjeros, sus datos deberán ser reportados al Ministerio del Interior.
Las medidas forman parte de un conjunto de 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno cubano en junio, que incluyen modificaciones en áreas como agricultura, comercio exterior, sector inmobiliario y funcionamiento de empresas estatales.
El Gobierno cubano ha señalado que estas reformas buscan ampliar la autonomía económica y descentralizar determinadas actividades. Su aplicación ocurre mientras la isla enfrenta una prolongada situación económica caracterizada por problemas de abastecimiento, energía y acceso a recursos, además de las restricciones comerciales y financieras derivadas de las sanciones estadounidenses.
