Senado argentino analizará cambios a la regulación de tierras extranjeras entre críticas y ajustes del Gobierno
El Senado de Argentina debatirá un proyecto impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei que plantea modificaciones a las normas sobre propiedad privada, incluyendo cambios en las restricciones para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
La iniciativa, denominada de “inviolabilidad de la propiedad privada”, será discutida en medio de protestas convocadas por organizaciones sociales, sindicales, ambientales y sectores opositores bajo la consigna “La patria no se vende”.
De acuerdo con el Gobierno argentino, la propuesta busca reducir limitaciones actuales al derecho de propiedad y generar mayor seguridad jurídica para incentivar inversiones. El proyecto contempla cambios en procesos de desalojo, expropiaciones y en el manejo de terrenos rurales afectados por incendios.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate es la modificación a la Ley de Tierras Rurales, ya que permitiría una mayor participación de extranjeros en la compra de terrenos en el país.
La legislación vigente establece que los extranjeros no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, además de fijar límites individuales de adquisición en determinadas zonas productivas.
El proyecto original enviado al Senado contemplaba eliminar ese límite, pero ante las críticas recibidas, el Gobierno modificó su postura y propuso establecer un nuevo tope de hasta 25% de propiedad extranjera.
El Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que la iniciativa podría afectar el acceso de la población argentina a recursos considerados estratégicos y señaló la necesidad de mantener mayores controles sobre la adquisición de terrenos.
Según datos del organismo, actualmente existen alrededor de 13.2 millones de hectáreas en manos extranjeras en Argentina, aunque señaló que las mayores concentraciones se presentan en algunos municipios donde ya se supera el límite establecido por la legislación actual.
Entre las principales preocupaciones planteadas por sectores críticos se encuentran la falta de restricciones específicas para la compra de propiedades en zonas fronterizas, áreas cercanas a fuentes de agua o regiones con recursos naturales considerados relevantes.
Si el Senado aprueba el proyecto, la propuesta deberá continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, donde se definirá su futuro.
