Congreso solicita reforzar vigilancia ante posibles intervenciones extranjeras en procesos democráticos
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a diversas instituciones del Estado mexicano a fortalecer las medidas de prevención y vigilancia ante posibles actos de injerencia extranjera que puedan afectar la soberanía nacional y la estabilidad democrática.
El acuerdo, promovido por el senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara, solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) implementar acciones para prevenir posibles prácticas como campañas digitales de desinformación, financiamiento político o mediático desde el extranjero, manipulación informativa o acciones coordinadas que busquen influir en asuntos internos del país.
Asimismo, el documento plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mantengan medidas de vigilancia dentro de sus atribuciones para detectar posibles esquemas de financiamiento extranjero, propaganda encubierta o intervención digital en procesos democráticos.
En los argumentos del punto de acuerdo se señala que México enfrenta un escenario de creciente disputa política, mediática y geopolítica, en el que las formas de influencia externa pueden presentarse mediante herramientas digitales, redes de comunicación internacionales o estrategias de información.
El documento advierte sobre riesgos relacionados con el financiamiento opaco de campañas de comunicación, el uso político de acusaciones provenientes del extranjero y la participación de intereses privados vinculados con plataformas tecnológicas o consultoras internacionales.
De acuerdo con los legisladores que impulsaron la propuesta, estas acciones pueden presentarse bajo distintos formatos, como opinión pública, análisis internacional, activismo digital o cooperación en materia de seguridad, por lo que consideran necesario fortalecer los mecanismos institucionales de prevención.
El exhorto aprobado forma parte de las acciones del Congreso para promover medidas de protección a la soberanía nacional y al funcionamiento de las instituciones democráticas.
