IEMS fija postura tras fallecimiento de docente y pide respeto al debido proceso

El Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México emitió un posicionamiento oficial tras el fallecimiento del maestro Alberto Israel Jasso, ocurrido después de que enfrentara una denuncia presentada por una estudiante. La institución reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso.

A través de un comunicado, el IEMS señaló que mantiene como prioridad la construcción de una cultura de paz, igualdad, inclusión y erradicación de cualquier forma de violencia dentro de su comunidad educativa.

El organismo indicó que, tras la difusión de información relacionada con el caso, incluida la publicación de un video póstumo del docente y la circulación de datos personales de una estudiante, se han presentado situaciones de desinformación, escarnio público y posibles actos de revictimización.

En ese contexto, el Instituto hizo un llamado a respetar los derechos de todas las personas involucradas, tanto de quienes presentan denuncias como de quienes son señalados, recordando que la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso deben garantizarse durante cualquier investigación.

El IEMS también destacó que los procedimientos internos contemplan la oportunidad de que todas las partes presenten pruebas y argumentos antes de que se adopten decisiones que puedan afectar sus derechos.

Asimismo, subrayó que protege la privacidad y los datos personales de estudiantes y trabajadores que participan en procesos administrativos o laborales, además de brindar acceso a servicios médicos, psicológicos y de asesoría cuando las circunstancias lo requieren.

La institución afirmó que ha actuado con objetividad, imparcialidad y apego a la normatividad vigente, tanto en las investigaciones internas como en el cumplimiento de las determinaciones emitidas por autoridades competentes.

Finalmente, el IEMS exhortó a la comunidad educativa, medios de comunicación y ciudadanía a evitar la difusión de información no verificada, datos personales o contenidos que puedan generar discursos de odio o revictimización, mientras las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

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