Sheinbaum propone ley nacional para homologar sanciones por feminicidio
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa para crear una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de establecer criterios uniformes en todo el país y fortalecer la protección de las mujeres.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la propuesta busca homologar la forma en que las fiscalías estatales investigan este delito, además de reforzar el combate a la impunidad.
“Para el siguiente periodo, que inicia en septiembre, estamos enviando esta iniciativa para que en todos los estados se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad”, expresó.
Penas de hasta 70 años de prisión
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa contempla sanciones de 50 a 70 años de prisión para quienes sean responsables del delito de feminicidio.
El proyecto también incorpora 19 circunstancias agravantes que podrían aumentar la severidad de la pena, entre ellas cuando la víctima sea una niña, adolescente, persona adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos, migrante o cuando el responsable sea un servidor público.
Incluye tentativa y otras sanciones
La propuesta establece además que la tentativa de feminicidio será sancionada con penas equivalentes a entre la mitad y dos terceras partes de la condena prevista para el delito consumado.
De aprobarse la iniciativa, las personas responsables también perderían derechos sucesorios y, en su caso, la guarda y custodia de sus hijos. Asimismo, los servidores públicos condenados serían destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Delito imprescriptible
El proyecto plantea que tanto el delito de feminicidio como la reparación del daño sean imprescriptibles, además de impedir la aplicación de beneficios como criterios de oportunidad o conmutación de penas.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas derivadas de la modificación al artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso para expedir leyes generales en esta materia. De ser aprobada, las disposiciones deberán aplicarse de manera uniforme en todas las entidades del país.
