Más de 10 mil ciudadanos en México mantienen amparos contra el registro obligatorio de líneas celulares

El debate en torno al registro obligatorio de líneas celulares en México continúa avanzando en el ámbito judicial, luego de que más de 10 mil personas decidieran recurrir a tribunales para intentar frenar la medida, pese a la prórroga otorgada hasta el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con un reporte de Expansión Política, actualmente existen alrededor de 10,300 ciudadanos que han promovido recursos legales contra el padrón obligatorio de telefonía móvil, integrados por 1,300 participantes en un amparo colectivo y más de 9,000 amparos individuales en distintas entidades del país.

La medida forma parte del esquema impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que busca vincular las líneas telefónicas con la identidad de sus usuarios como una estrategia para combatir delitos como la extorsión y el fraude.

El proceso de oposición legal es encabezado por el diputado local de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, quien informó que se prepara una estrategia nacional de acompañamiento jurídico en las 32 entidades del país para fortalecer los recursos presentados.

El legislador detalló que el amparo colectivo fue ingresado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, donde actualmente se encuentra en análisis para su admisión y posible suspensión provisional.

Los promoventes de estos recursos han señalado que su objetivo no es extender los plazos de registro, sino cuestionar la obligatoriedad de la medida, al considerar que podría implicar implicaciones en materia de privacidad y protección de datos personales.

Asimismo, han manifestado su intención de impugnar cualquier actualización futura del acuerdo emitido por la CRT, una vez que sea publicado oficialmente.

Aunque la Comisión ha ampliado el calendario de registro para facilitar el cumplimiento, el proceso sigue en marcha a nivel nacional. De acuerdo con cifras oficiales, ya se han vinculado aproximadamente 63 millones de líneas telefónicas, de las cuales una parte importante corresponde a usuarios de prepago.

La autoridad reguladora sostiene que el padrón busca reducir el uso anónimo de las telecomunicaciones en actividades ilícitas, mientras que los recursos legales continúan avanzando en tribunales federales.

El desarrollo de estos casos será clave para definir el alcance legal del registro obligatorio de líneas móviles en el país y su relación con los derechos de los usuarios.

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