Aspectos legales frenan recortes a pensiones de altos funcionarios en Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad
La aplicación de recortes a las llamadas “pensiones doradas” en organismos como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y otras instituciones públicas ha enfrentado obstáculos legales que han derivado en ajustes a la estrategia gubernamental, de acuerdo con especialistas en materia laboral.
El abogado laboralista Manuel Muñiz explicó que la principal limitante jurídica se encuentra en el Artículo 14 de la Constitución Mexicana, el cual establece que ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de una persona.
Según el especialista, esto significa que cualquier reducción en pensiones ya otorgadas podría considerarse una afectación directa a derechos adquiridos, lo que abriría la puerta a impugnaciones judiciales por parte de los beneficiarios.
El análisis señala que, a diferencia de reformas aplicadas en años anteriores a trabajadores en activo —como ocurrió con la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 2008—, en este caso se trata de personas que ya se encuentran jubiladas y reciben una pensión consolidada.
Otro factor relevante es el peso de los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes en organismos descentralizados como CFE y Pemex. De acuerdo con Muñiz, estos contratos establecen condiciones específicas de jubilación que incluyen prestaciones adicionales al salario base, lo que complica modificaciones unilaterales.
Además, la presión sindical y las revisiones legales habrían influido en la emisión de nuevos criterios para ajustar los topes originalmente planteados, elevando el límite permitido respecto a lo establecido en la propuesta inicial.
El especialista también señaló que algunos casos de reducción aplicados desde abril habrían generado descuentos superiores a los previstos, lo que ha derivado en procesos de revisión y posibles devoluciones de montos retenidos.
Este escenario refleja la complejidad legal que enfrenta cualquier intento de modificar esquemas de retiro ya consolidados en instituciones públicas estratégicas del país.
