Nueva política migratoria de EU obligaría a solicitantes de residencia a esperar fuera del país

Una nueva disposición impulsada por la administración del presidente Donald Trump podría modificar de manera significativa el proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, al exigir que ciertos solicitantes de la llamada “green card” regresen a sus países de origen mientras se resuelve su trámite migratorio.

La medida, que comenzó a aplicarse recientemente, elimina para algunos casos la posibilidad de realizar el ajuste de estatus dentro de territorio estadounidense, procedimiento que durante décadas permitió a miles de migrantes completar el proceso sin salir del país.

Especialistas advierten impacto en familias y trabajadores

Diversos especialistas en materia migratoria consideran que la nueva política podría afectar a cientos de miles de personas cada año, especialmente a quienes mantienen vínculos familiares o laborales en Estados Unidos.

Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y política migratoria del Economic Policy Institute (EPI), señaló que la medida podría generar consecuencias importantes para quienes actualmente viven y trabajan en territorio estadounidense mientras esperan la resolución de sus solicitudes.

Entre los posibles efectos se encuentran interrupciones laborales, separación temporal de familias y mayores tiempos de espera para concluir los procesos migratorios.

Más de la mitad de las residencias se obtienen mediante ajuste de estatus

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 58 por ciento de las personas que obtuvieron la residencia legal permanente durante el año fiscal 2024 lo hicieron a través del mecanismo de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.

Las cifras oficiales muestran que más de 782 mil personas obtuvieron la residencia mediante este procedimiento, de un total superior a 1.35 millones de nuevos residentes legales registrados durante ese periodo.

Especialistas estiman que la nueva disposición podría impactar particularmente a migrantes con familiares directos ciudadanos estadounidenses, trabajadores con empleo formal, beneficiarios de programas humanitarios y personas que han residido durante años en el país.

Persisten dudas sobre el alcance de la medida

Organizaciones como la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) han señalado que el memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) presenta aspectos que aún requieren mayor claridad, especialmente sobre qué categorías migratorias estarán sujetas a la nueva regla y cuáles podrían quedar exentas.

Representantes de la asociación consideran que todavía existen interrogantes sobre los procedimientos, los plazos y las condiciones que enfrentarán los solicitantes afectados.

Debate sobre la migración legal

La implementación de esta política se suma a una serie de medidas migratorias impulsadas por la actual administración estadounidense, generando debate entre organizaciones civiles, abogados especializados y autoridades migratorias.

Mientras el gobierno sostiene que el objetivo es reforzar los controles migratorios y los procedimientos consulares, especialistas advierten que el cambio podría representar mayores obstáculos para personas que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos y buscan regularizar de manera permanente su situación migratoria.

El alcance total de la medida y el número definitivo de personas afectadas aún se encuentran bajo análisis conforme avanzan los primeros casos sujetos a la nueva normativa.

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