Suspenden a dos magistradas por otorgar amparo contra extradición de exgobernador de Tamaulipas
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación determinó la suspensión de dos magistradas de circuito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de que concedieran un amparo definitivo contra la extradición del exgobernador Eugenio Hernández Flores a Estados Unidos.
Las funcionarias sancionadas son Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del estado. Ambas obtuvieron el cargo durante la elección judicial realizada el año pasado.
Motivo de la suspensión
De acuerdo con el Tribunal de Disciplina, la resolución que otorgó el amparo al exmandatario, emitida el 23 de diciembre de 2025, habría sido dictada mediante presuntas determinaciones contrarias a las constancias del expediente y con una indebida suplencia de los argumentos jurídicos del quejoso.
El procedimiento disciplinario se inició tras una queja presentada por una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de la República, específicamente de la Unidad de Procedimientos Internacionales.
Antecedentes del caso
El exgobernador Hernández Flores es requerido por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con asociación delictuosa y lavado de dinero. En marzo de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo en el que concedía su extradición.
En una primera instancia, un juez federal negó el amparo solicitado por el exmandatario, decisión que fue impugnada por su defensa ante tribunales federales en septiembre de ese mismo año.
Observaciones del Tribunal de Disciplina
Según la resolución del órgano disciplinario, el expediente permaneció sin movimiento durante aproximadamente siete años. Posteriormente, a principios de diciembre de 2025, el asunto fue llevado a sesión del pleno del tribunal colegiado.
De acuerdo con el Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas resolvieron el incidente y dictaron sentencia en el mismo acto, lo que derivó en la modificación de la resolución original del juez federal y la concesión del amparo que impedía la extradición.
El organismo también señaló que la determinación sobre la extradición de una persona corresponde al Poder Ejecutivo, al tratarse de un acto relacionado con las relaciones internacionales del Estado y el principio de reciprocidad entre países. Por ello, indicó que dicha decisión forma parte de las facultades soberanas del Ejecutivo federal.
El proceso disciplinario continuará para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes en este caso.
