Gobierno de Trump afirma que no puede devolver dinero de aranceles declarados ilegales por la Corte Suprema
El gobierno del presidente Donald Trump informó a un juez que actualmente no puede devolver el dinero recaudado por los aranceles recíprocos impuestos durante su administración, pese a que estos fueron declarados ilegales por la Corte Suprema de Estados Unidos.
De acuerdo con un escrito judicial presentado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la agencia señaló que no puede cumplir con la orden emitida el 4 de marzo de 2026 por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que instruía revisar y liquidar diversas operaciones de importación sin aplicar dichos aranceles.
El documento fue firmado por Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la CBP, quien indicó que la agencia tampoco puede cumplir con otra orden emitida el 5 de marzo en el caso conocido como Atmus, relacionado con la disputa legal sobre el posible reembolso de los impuestos cobrados.
El conflicto legal se originó después de que el 20 de febrero la Corte Suprema invalidara los aranceles establecidos por el gobierno de Trump. El máximo tribunal determinó que el mandatario excedió sus facultades al aplicar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977 (IEEPA) para imponer medidas comerciales en un contexto que no correspondía a una situación de emergencia en tiempos de guerra.
Tras esa resolución, el Tribunal de Comercio Internacional ordenó al gobierno federal dejar de aplicar los aranceles basados en dicha ley en los casos aún abiertos, además de analizar la posibilidad de devolver el dinero en operaciones donde ya se habían cobrado.
Según estimaciones de la CBP, los aranceles aplicados bajo ese marco legal generaron ingresos aproximados de 166 mil millones de dólares. Asimismo, se informó que alrededor de 20.1 millones de operaciones de importación aún no estaban liquidadas hasta el 4 de marzo.
El escrito presentado por la agencia fue entregado antes de que el juez Richard Eaton iniciara una audiencia en Nueva York, donde se analiza el proceso legal relacionado con la posible devolución de los recursos recaudados mediante estos aranceles.
