Abren investigaciones administrativas por accidente del Tren Interoceánico
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno inició investigaciones administrativas para determinar si existieron omisiones o irregularidades por parte de servidores públicos, empresas o proveedores en los procesos relacionados con el accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, informó la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro.
En declaraciones a medios, la funcionaria explicó que, conforme a la Ley Orgánica, la Secretaría tiene la obligación de realizar auditorías a las dependencias y entidades del gobierno federal, especialmente cuando se registra un hecho de alto impacto como el descarrilamiento del tren. Precisó que actualmente hay varias investigaciones abiertas y que estas se reforzarán con análisis más específicos para esclarecer lo sucedido.
Buenrostro señaló que las indagatorias no se centran únicamente en el accidente como un evento aislado, sino que buscan identificar posibles fallas en los procesos administrativos, contractuales o de supervisión, así como eventuales responsabilidades de funcionarios, empresas constructoras o proveedores involucrados en la obra y operación del sistema ferroviario.
La titular de la Secretaría Anticorrupción aclaró que las auditorías tienen un carácter administrativo y no forense; sin embargo, indicó que en caso de detectarse posibles conductas delictivas, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones penales correspondientes.
El accidente ocurrió en la región de Nizanda, en un tramo de la Línea Z que conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, una zona que presenta curvas pronunciadas y condiciones operativas complejas. El siniestro dejó un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de un centenar de lesionados.
Tras el hecho, víctimas y familiares han solicitado el esclarecimiento de los hechos, así como atención médica integral y la reparación del daño. Además, se informó que al menos tres personas afectadas presentaron denuncias penales ante la FGR por presuntos delitos de lesiones y abuso de autoridad, mientras continúan las investigaciones administrativas para deslindar responsabilidades.
