Fiscal suprema de Perú solicita prisión preventiva para Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México
La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó este viernes a la Justicia peruana ordenar la captura e ingreso en prisión preventiva de Betssy Chávez, exprimera ministra del expresidente Pedro Castillo, quien desde el lunes se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.
De acuerdo con el documento presentado por la Fiscalía y difundido por medios locales, el pedido se sustenta en que Chávez habría incumplido las medidas de libertad condicional impuestas tras su excarcelación en septiembre, entre ellas el control biométrico semanal y su participación en audiencias judiciales.
“La comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad”, argumentó Ávalos, señalando que la prisión preventiva es necesaria para asegurar la continuidad del proceso penal y evitar la obstaculización de la investigación.
Acusaciones y contexto judicial
Chávez enfrenta un proceso por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, encabezado por el entonces mandatario Pedro Castillo. El Ministerio Público solicita una pena de 25 años de prisión por el delito de rebelión, junto al expresidente y otros exfuncionarios de su gabinete.
La ex primera ministra permaneció en prisión preventiva desde junio de 2023 hasta septiembre de 2025, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su liberación al considerar que su detención fue arbitraria. A partir de entonces, debía cumplir con restricciones como no salir de Lima sin autorización judicial, presentarse al control biométrico cada siete días y asistir a todas las diligencias del caso.
No obstante, según la Fiscalía, Chávez incumplió el control biométrico los días 29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre, además de ausentarse en cuatro audiencias del proceso, que actualmente se encuentra en su fase final.
Asilo político y tensiones diplomáticas
El lunes pasado, la Cancillería peruana confirmó que Chávez ingresó a la Embajada de México y solicitó asilo político, alegando persecución judicial. El Gobierno de México concedió la solicitud, lo que generó un nuevo conflicto diplomático entre ambos países.
En respuesta, Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, argumentando que no existen condiciones para considerar a Chávez una perseguida política.
Mientras tanto, el juez supremo Juan Carlos Checkley evaluará la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscal Ávalos, en paralelo con la revisión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda la inhabilitación de Chávez para ejercer cargos públicos y una denuncia constitucional en su contra.
La situación de Betssy Chávez representa un nuevo capítulo en la crisis política que ha marcado al Perú tras la destitución y detención de Pedro Castillo en 2022, y que sigue afectando las relaciones diplomáticas del país en la región.
