Cirugías en investigación: denuncias contra cirujano plástico en Durango
Durango, 25 sep. — La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación tras la muerte de una adolescente de 14 años, Paloma Nicole Arellano, luego de someterse a procedimientos estéticos en una clínica privada. Las autoridades indagan si hubo negligencia médica y revisan quiénes autorizaron y firmaron los consentimientos para las intervenciones, así como el cumplimiento de los protocolos clínicos.
El cirujano señalado en la carpeta aparece identificado por medios locales como Víctor Manuel Rosales Galindo, pareja de la madre de la menor, y es objeto de diversas denuncias que han trascendido en redes y ante instancias locales. La fiscalía informó que se ordenaron peritajes y una necropsia para determinar con precisión las causas de la muerte y si existen responsabilidades penales por mala praxis u homicidio culposo.
Además del caso que motivó la investigación, abogados que han atendido a otras personas en Durango han mencionado denuncias previas contra el médico por complicaciones en procedimientos estéticos. Entre las reclamaciones que han sido difundidas en video y redes sociales se cita incluso una supuesta blefaroplastia que habría dejado secuelas (como triquiasis) a otra paciente; esas afirmaciones están en proceso de verificación por las autoridades competentes. En algunos de estos casos la defensa de las víctimas ha llevado las quejas ante organismos locales.
La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) emitió un pronunciamiento sobre el caso y, según reportes, solicitó la suspensión provisional dentro de su ámbito estatutario mientras se realiza la investigación interna y se ofrece colaboración a las autoridades periciales. La suspensión de la asociación no equivale, en automático, a la cancelación de la cédula profesional; cualquier restricción legal sobre el ejercicio médico depende de las resoluciones oficiales.
Autoridades sanitarias y judiciales reiteraron la importancia de que las intervenciones en menores de edad respeten la normativa vigente y cuenten con las autorizaciones legales pertinentes, así como con evaluaciones médicas y, en su caso, psicológicas. El caso ha abierto además un debate público sobre la regulación de procedimientos estéticos en adolescentes y sobre la supervisión de clínicas privadas.
La investigación sigue abierta.
