En una década, sólo seis empleados de Pemex han sido detenidos por huachicol
Entre 2016 y 2025, de los más de 12 mil detenidos por participar en actividades relacionadas con el huachicol, únicamente seis fueron trabajadores o exempleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), según información obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia.
Los registros de Pemex muestran que las detenciones se distribuyen así: una en 2017, dos en 2019, dos en 2022 y una en 2023. En 2024 y hasta julio de 2025 no se reportó ninguna detención de personal de la empresa.
Expertos en energía señalan que, pese a los esfuerzos de control interno y la existencia de una línea de denuncia anónima, el bajo número de empleados detenidos evidencia un contexto de impunidad que ha permitido el crecimiento del mercado ilícito de combustibles. Leonardo Núñez, director de investigación aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), destacó que esta situación se ha mantenido incluso desde el sexenio anterior y ha contribuido a financiar otras actividades delictivas vinculadas al crimen organizado.
De acuerdo con estimaciones de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), alrededor de un tercio del combustible que circula en el país proviene de actividades ilícitas, como tomas clandestinas, mezclas ilegales o importaciones irregulares, lo que genera pérdidas significativas para Pemex y para las finanzas públicas. La empresa reconoce un impacto anual de 20 mil millones de pesos por huachicol, sin considerar importaciones o mezclas ilegales.
La actual administración ha intensificado los operativos contra el mercado ilícito, incluyendo la incautación de barcos con gasolina en Tampico y Ensenada, el hallazgo de una minirefinería en Veracruz y la confiscación de 129 carrotanques con combustible robado. Sin embargo, especialistas advierten que la ausencia de detenidos entre los empleados de Pemex resta credibilidad a los resultados y refuerza la percepción de impunidad.
El combate al huachicol sigue siendo un reto complejo que involucra a autoridades, empresas y sociedad civil, en un esfuerzo por disminuir las pérdidas económicas y frenar el fortalecimiento de organizaciones criminales.
