México alista demanda contra SpaceX por daños ambientales en el Golfo de México
El Gobierno de México anunció que presentará una demanda legal contra la empresa aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, por presuntos daños ambientales provocados tras la explosión del cohete Starship en el Golfo de México, ocurrida durante una prueba realizada en junio pasado.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el estudio técnico correspondiente ya fue concluido, y que se procederá por la vía jurídica ante lo que consideraron una operación no autorizada dentro del territorio marítimo nacional.
Plataforma sin permisos operó en aguas mexicanas
De acuerdo con las autoridades, la denuncia surge a raíz del uso de una plataforma de recuperación contratada por SpaceX que ingresó con permiso de internación, pero no contaba con la autorización para operar en aguas nacionales. La estructura fue utilizada para recolectar fragmentos del cohete tras su explosión, que generó una lluvia de escombros sobre zonas del norte de México, principalmente en costas del estado de Tamaulipas.
La situación fue analizada por un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Agencia de Transformación Digital. El estudio concluyó que sí hubo afectaciones al medio ambiente nacional.
¿Qué daños se registraron?
Aunque no se reportaron personas lesionadas, los fragmentos del Starship habrían generado impactos ambientales en áreas naturales del litoral mexicano. La plataforma utilizada por SpaceX fue retirada posteriormente, luego de que las autoridades detectaran irregularidades en sus operaciones.
El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la SEMAR, explicó que la empresa responsable de la plataforma incumplió requisitos legales. Aunque su ingreso fue permitido, sus operaciones no estaban contempladas dentro de los permisos otorgados.
Implicaciones legales y ambientales
El gobierno mexicano considera que, además de operar sin autorización, SpaceX podría haber violado tratados internacionales y normativas ambientales. Por ello, se prepara una ruta jurídica que podría derivar en una demanda ante instancias internacionales o cortes competentes.
La presidenta Sheinbaum subrayó que este caso no solo implica un daño ambiental, sino que abre un debate sobre la regulación de empresas tecnológicas y aeroespaciales, cuyas operaciones pueden tener impacto en ecosistemas compartidos o cruzar fronteras sin controles adecuados.
La posible demanda representaría un precedente relevante en la gobernanza del espacio y la protección ambiental, especialmente ante el creciente número de misiones y pruebas espaciales de carácter privado.
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