Estados Unidos despliega patrullas militares y coloca advertencias en la frontera con México
El Ejército de Estados Unidos ha intensificado su participación en la vigilancia fronteriza al desplegar patrullas y colocar miles de señalamientos de advertencia en extensas zonas del desierto en Nuevo México y el oeste de Texas. Las señales, visibles a lo largo del muro fronterizo, indican en inglés y español la prohibición de entrada bajo la autoridad del comandante militar.
Esta acción forma parte de un cambio significativo que faculta a las tropas estadounidenses para supervisar directamente amplios tramos de la frontera y detener a personas que intenten ingresar sin autorización legal al país. La medida se basa en la declaración de emergencia nacional en la frontera emitida por el presidente Donald Trump al inicio de su mandato, lo que permite el uso de personal militar en tareas de apoyo a la seguridad fronteriza.
Propósito de la medida
Según autoridades federales, las zonas restringidas buscan fortalecer la vigilancia en áreas con menor presencia de agentes fronterizos, cerrar brechas utilizadas por traficantes de personas y drogas, y contribuir al combate de redes delictivas organizadas.
Las zonas bajo supervisión militar ya abarcan un corredor de aproximadamente 370 kilómetros desde Fort Hancock, Texas, hasta el oeste de Nuevo México. Además, se anunció la expansión con un área adicional de 400 kilómetros en el Valle del Río Grande, y se prevé otra en la región de Yuma, Arizona, con lo que las zonas patrulladas cubrirán casi un tercio de la frontera entre Estados Unidos y México.
Preocupaciones y críticas
Organizaciones civiles, grupos humanitarios y activistas han expresado inquietud ante la creciente militarización de la frontera. Abbey Carpenter, líder de un equipo de búsqueda de migrantes desaparecidos, señaló que la restricción de acceso público a amplias áreas del desierto podría dificultar la localización de personas en peligro, especialmente en un contexto donde se han registrado aumentos en las muertes de migrantes.
Grupos defensores de los derechos civiles han impugnado la legalidad de la medida en tribunales, argumentando que el despliegue militar podría vulnerar derechos fundamentales y limitar el acceso a terrenos públicos utilizados por comunidades locales y visitantes.
Actualmente, más de 7,600 miembros de las fuerzas armadas participan en la operación, aumentando significativamente la presencia gubernamental en la frontera.
