Colombia lanza plan de pagos a campesinos para erradicar cultivos de coca
En un esfuerzo por reducir la producción de cocaína desde su origen, el gobierno de Colombia ha puesto en marcha un programa que paga a campesinos por arrancar voluntariamente sus cultivos de hoja de coca. La medida, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca ofrecer una alternativa a las políticas de erradicación forzada que históricamente han enfrentado críticas por sus efectos sociales y ambientales.
El plan arrancó en municipios como Argelia, en el suroeste del país, y ya cuenta con más de 3,900 familias inscritas. Cada participante recibirá un primer pago de 300 dólares por erradicar manualmente sus plantas, además de otros 11 pagos escalonados como parte del proceso de transición hacia cultivos legales, como café o cacao.
“Arrancarlas es duro, porque es renunciar a una cosecha segura”, dijo Alirio Caicedo, uno de los agricultores participantes, mientras trabaja con su familia en casi dos hectáreas de terreno.
El gobierno proyecta erradicar al menos 45,000 hectáreas de coca en zonas marcadas por la presencia de grupos armados ilegales y altos índices de pobreza. En 2023, Colombia registró un récord histórico de 253,000 hectáreas de cultivos de coca, según datos de la ONU.
Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos, indicó que la inversión inicial es de 14.4 millones de dólares, aunque esta cifra podría aumentar a medida que más familias se sumen.
Un enfoque distinto con retos persistentes
A diferencia de políticas anteriores, esta estrategia se enfoca en la erradicación voluntaria con incentivos económicos, buscando reducir la oferta de cocaína que alimenta las redes de narcotráfico a nivel global, incluyendo a México y Estados Unidos. El programa también busca generar condiciones para el desarrollo rural y reducir la dependencia de economías ilegales.
Sin embargo, expertos como Estefanía Ciro, exintegrante de la Comisión de la Verdad, advierten que el éxito del plan depende de factores más amplios, como el control territorial de grupos armados y la ausencia de un proceso integral de desarme. “El narcotráfico muta si no se atiende el conflicto armado de fondo”, señaló.
El plan se lanza en un momento geopolítico significativo, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo que podría influir en la continuidad del apoyo bilateral en temas de seguridad y cooperación antidrogas.
Aunque el programa enfrenta desafíos, representa un intento innovador de cambiar el enfoque tradicional frente al narcotráfico, apostando por soluciones que integren a las comunidades campesinas en lugar de criminalizarlas.
