Estados Unidos transfiere a 13 reclusos mexicanos para que cumplan sus condenas por narcotráfico en México
Washington, D.C., 14 de abril de 2025 — El gobierno de Estados Unidos realizó la transferencia de 13 ciudadanos mexicanos condenados por delitos relacionados con el narcotráfico, quienes cumplirán el resto de sus sentencias en centros penitenciarios de México, conforme al tratado bilateral sobre Ejecución de Sentencias Penales.
El traslado, efectuado el pasado viernes 11 de abril, fue confirmado este lunes por el Departamento de Justicia estadounidense, el cual precisó que los reclusos, previamente condenados en cortes federales por delitos como distribución de cocaína, metanfetamina y fentanilo, solicitaron voluntariamente ser trasladados a su país de origen para terminar de purgar sus penas.
Si bien no se dieron a conocer las identidades de los prisioneros ni los centros penitenciarios de origen, las autoridades estadounidenses destacaron que esta medida se llevó a cabo en el marco del Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, en cumplimiento de los acuerdos firmados entre ambos países desde 1977.
Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, explicó que el traslado representa una reducción significativa en costos para el sistema penitenciario federal, al estimarse un ahorro de más de 3 millones de dólares, correspondientes al gasto que implicaría mantener a los reclusos durante los 75 años combinados que aún les restaban por cumplir.
“La transferencia de estos 13 reclusos no solo representa un alivio económico para el sistema penitenciario estadounidense, sino también una acción humanitaria que permite a los condenados cumplir sus penas más cerca de sus familias, en su propio país”, indicó Galeotti.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México recordó que este tipo de traslados solo puede realizarse si existe una solicitud expresa del recluso, la cual debe ser autorizada tanto por el país donde cumple condena como por el Estado receptor. En México, la solicitud es procesada por la SRE, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que supervisa la readaptación social de las personas privadas de libertad.
El marco legal mexicano que sustenta estos traslados se encuentra en el párrafo 7 del Artículo 8 de la Constitución Política, el cual reconoce el derecho de los connacionales a cumplir sus sentencias en territorio nacional, bajo los principios del sistema de reinserción social mexicano.
