Detienen a 78 servidores públicos en Chiapas acusados de extorsión
Operativo conjunto de las autoridades contra una red de extorsionadores en la región de la Frailesca.
Un total de 78 servidores públicos, incluidos policías municipales y funcionarios de los ayuntamientos de Villaflores y Villacorzo, fueron detenidos durante un operativo coordinado entre la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Los detenidos son acusados de formar parte de una red de extorsión que operaba en la región de la Frailesca, en el estado de Chiapas.
Entre los detenidos destacan la directora de vialidad y tránsito de Villaflores, Xochitl Castañón Burguete, el secretario municipal de ese mismo ayuntamiento, René Madariaga, y María del Carmen Méndez Moreno, quien lideraba a los mototaxistas de la zona. La red extorsionaba a empresarios, ganaderos y transportistas, particularmente a los involucrados en el transporte de mototaxis, según informó el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca.
Las investigaciones revelaron que René “N” era uno de los principales responsables de las extorsiones, citando a los afectados y exigiéndoles pagos semanales de entre 150 y 200 pesos, bajo la amenaza de privación de libertad o incluso la muerte si no cumplían con los pagos.
En el municipio de Villacorzo, se realizaron cateos en propiedades de un servidor público municipal, y se detuvo a 26 policías, incluidos el director de la policía municipal, José Gregorio Cedeño, quien había sido sentenciado previamente por homicidio y trasiego de drogas. Además, se descubrió que algunos de los oficiales no contaban con los exámenes de control y confianza correspondientes.
En conferencia de prensa, el fiscal Llaven Abarca y el secretario de Seguridad, Oscar Aparicio, detallaron que los 39 policías municipales de Villaflores detenidos están siendo investigados para verificar si cumplieron con los procedimientos legales al momento de su alta en la corporación. También señalaron que otros funcionarios públicos están bajo investigación, con el firme compromiso de que no habrá impunidad.
El operativo forma parte de una estrategia integral para combatir delitos de alto impacto, como la extorsión, que afectan a diversos sectores productivos de la región, incluidos gasolineros, empresarios, ganaderos y transportistas.
