Tribunal británico declara ilegal una medida que limitaba recursos de solicitantes de asilo
Un tribunal del Reino Unido determinó que el Gobierno actuó de manera ilegal al impedir que ciertos solicitantes de asilo pudieran impugnar resoluciones que rechazaban sus alegaciones de haber sido víctimas de trata de personas, en un fallo relacionado con la política migratoria acordada con Francia.
La decisión fue emitida este viernes por el Tribunal Superior de Londres, luego de que cinco solicitantes de asilo presentaran un recurso contra una modificación aplicada por el Ministerio del Interior en septiembre del año pasado. Esa medida eliminaba la posibilidad de presentar recursos antes de ser trasladados a Francia bajo el acuerdo bilateral conocido como “uno entra, uno sale”.
El Gobierno británico había argumentado que el cambio buscaba evitar que solicitudes de protección por presunta trata de personas fueran utilizadas para retrasar las expulsiones de migrantes que cruzaron el Canal de la Mancha en embarcaciones pequeñas.
Sin embargo, el juez Clive Sheldon concluyó que la modificación vulneraba derechos procesales de los solicitantes, ya que les impedía presentar pruebas relevantes antes de que sus casos fueran revisados de forma definitiva.
Durante la resolución, el tribunal destacó que en 2025 aproximadamente el 79% de las personas que inicialmente no fueron reconocidas como víctimas de trata obtuvieron posteriormente una resolución favorable tras una revisión de sus expedientes, lo que evidenciaría la importancia de mantener mecanismos de apelación.
Tras conocerse el fallo, el Ministerio del Interior informó que presentará una apelación. En un comunicado, sostuvo que las solicitudes de protección relacionadas con esclavitud moderna no deben utilizarse para impedir la ejecución de deportaciones de personas que ingresaron de manera irregular al país.
Abogados que representan a algunos de los demandantes consideraron positiva la resolución judicial, aunque señalaron que varias personas ya habían sido trasladadas a Francia bajo las disposiciones ahora cuestionadas.
La sentencia representa un desafío para la estrategia migratoria del Gobierno británico, que ha endurecido sus políticas para reducir la inmigración irregular, uno de los principales temas del debate político en el Reino Unido.
En los últimos años, las llegadas de migrantes por el Canal de la Mancha y el alojamiento temporal de solicitantes de asilo han generado una amplia discusión pública, mientras que el Gobierno busca equilibrar sus políticas migratorias con las obligaciones legales en materia de protección internacional.
