SCJN respalda sanción contra Google por incumplimiento en investigación antimonopolio en México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de una de las disposiciones clave de las investigaciones en materia de competencia económica, con lo que quedó firme una multa por más de 2.3 millones de pesos impuesta a Google por no entregar información dentro de los plazos establecidos por la autoridad mexicana.
La resolución fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte al resolver el Amparo en Revisión 135/2026, un caso relacionado con una investigación por posibles prácticas monopólicas en el mercado de desarrollo, distribución y procesamiento de pagos para aplicaciones móviles y contenido digital en México.
El origen de la sanción
El caso se remonta al 30 de septiembre de 2022, cuando la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación para analizar posibles prácticas monopólicas relativas en dicho mercado.
Durante el proceso, la autoridad solicitó información a Google al considerar que los datos requeridos eran relevantes para esclarecer la investigación. Sin embargo, posteriormente concluyó que la empresa no cumplió de manera total con los requerimientos.
Por ello, el 22 de mayo de 2025 se hizo efectivo un apercibimiento y se impuso una multa como medida de apremio. Días después, el 10 de junio de ese mismo año, se determinó el monto diario de la sanción por incumplimiento.
La multa acumulada alcanzó los 2 millones 340 mil 979.74 pesos, luego de que la compañía solicitara una ampliación adicional del plazo para entregar la información, petición que fue rechazada.
El argumento de Google
La defensa de Google no se centró únicamente en la multa, sino en la constitucionalidad del artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica.
La empresa argumentó que dicha disposición establece un plazo fijo de 10 días para responder a requerimientos de información, con posibilidad de una sola prórroga de hasta 10 días adicionales, lo que —según su postura— no contempla escenarios en los que la información solicitada sea especialmente compleja o voluminosa.
Google sostuvo que algunos requerimientos implican procesar grandes cantidades de datos o incluso generar información que no existe en el formato solicitado por la autoridad.
La decisión de la Corte
La SCJN rechazó estos argumentos y concluyó que el plazo sí es constitucional.
El proyecto, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, determinó que la norma tiene una finalidad legítima: permitir que el Estado investigue y sancione posibles prácticas monopólicas de manera eficaz, en cumplimiento del artículo 28 constitucional.
La Corte consideró además que permitir prórrogas indefinidas podría afectar la efectividad de las investigaciones y debilitar los tiempos legales establecidos para integrar los expedientes.
El caso aún no concluye
Aunque la Corte validó la constitucionalidad de la norma, la controversia no está totalmente cerrada.
El máximo tribunal precisó que una norma puede ser constitucional, pero su aplicación concreta podría ser cuestionada si existiera arbitrariedad. Por ello, corresponderá a un Tribunal Colegiado revisar aspectos relacionados con la legalidad de la multa y la forma en que fue realizado el requerimiento de información.
Esto significa que la discusión sobre la sanción específica aún continuará en otras instancias judiciales.
Otro frente para Google en México
Este caso se suma a otros procedimientos regulatorios que enfrenta Google en México.
La compañía también mantiene abierta una investigación iniciada por Cofece en 2020 relacionada con posibles prácticas monopólicas en el mercado de publicidad digital.
De acuerdo con reportes previos, en caso de acreditarse responsabilidades, Google podría enfrentar sanciones significativamente mayores, lo que mantiene a la empresa bajo un intenso escrutinio regulatorio en el país.
