Congreso de Tamaulipas perfila reforma electoral con cambios a reelección y reglas contra nepotismo
El Congreso de Tamaulipas avanza en el análisis de una reforma electoral que contempla modificaciones importantes en materia de reelección, nepotismo y estructura de los ayuntamientos, con miras al proceso electoral 2026-2027.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Humberto Prieto, informó que la legislatura trabaja dentro de los plazos legales establecidos para concretar las modificaciones antes del cierre del periodo correspondiente.
“Estamos en tiempo, teníamos hasta el 31 de mayo para hacer esta reforma electoral”, señaló el legislador, quien agregó que las leyes secundarias deberán quedar listas a más tardar el próximo 10 de junio.
La iniciativa, presentada formalmente esta semana, propone endurecer las reglas para evitar el nepotismo en cargos de elección popular, además de establecer el fin de la reelección para un mismo puesto a partir de las elecciones de 2030.
Entre los cambios planteados también se encuentra una reestructuración de los cabildos municipales. La propuesta contempla que los ayuntamientos tengan un máximo de 15 regidores y operen únicamente con una sindicatura en futuros periodos electorales.
La reforma incluye además medidas de austeridad dirigidas al Instituto Electoral de Tamaulipas y otros organismos relacionados con la función electoral.
El documento plantea prohibir que magistrados, consejeros y personal electoral accedan con recursos públicos a seguros médicos privados, seguros de vida, cajas de ahorro o esquemas especiales de retiro.
Asimismo, se propone establecer un límite presupuestal equivalente al 0.70 por ciento del gasto total del gobierno estatal para el Congreso local.
En paralelo, el diputado federal Carlos Enrique Canturosas Villarreal informó que el Congreso de la Unión también inició un periodo extraordinario para discutir reformas a la legislación electoral federal y a la Constitución.
Entre las propuestas federales destaca la creación de un comité evaluador encargado de revisar voluntariamente perfiles de aspirantes a cargos públicos para detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada.
