Autoridades federales gestionan retorno de exfuncionario detenido en Argentina por presunto huachicol fiscal
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno federal mantiene gestiones para lograr la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que se busca su retorno al país mediante deportación, debido a que habría ingresado a territorio argentino con un pasaporte falso. En caso de que este procedimiento no sea viable, se iniciaría un proceso de extradición conforme a los mecanismos legales internacionales.
Sheinbaum detalló que el detenido permanece en Argentina, mientras autoridades mexicanas, entre ellas la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, continúan con las gestiones correspondientes para su traslado.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la localización de Farías fue resultado de un operativo coordinado entre distintas dependencias, incluyendo la Secretaría de Marina, la Interpol México y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.
El caso está vinculado a una investigación iniciada en marzo de 2025 tras el aseguramiento del buque “Challenge Procyon” en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el cual transportaba aproximadamente 10 millones de litros de diésel presuntamente ingresado de manera ilegal al país.
A partir de ese hecho, el gobierno federal reforzó los controles en la importación de combustibles, incrementó la supervisión en puertos y aduanas, y abrió diversas líneas de investigación que derivaron en órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados, incluidos algunos funcionarios.
La presidenta subrayó que esta red de ingreso ilegal de combustible operó principalmente durante los primeros meses de 2025 y aseguró que, tras las acciones implementadas, ya no se encuentra activa.
Asimismo, reiteró que cualquier servidor público que haya tenido participación en estos hechos será investigado conforme a la ley, como parte de las acciones para combatir el tráfico ilícito de hidrocarburos y fortalecer la legalidad en el sector energético.
