Informe alerta sobre riesgos para defensores de derechos humanos en Colombia y Venezuela
Un informe reciente de Amnistía Internacional advierte sobre el entorno de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Colombia y Venezuela, señalando que ambos países presentan condiciones particularmente complejas en la región.
El documento, presentado en Bogotá, expone que en Colombia persiste una crisis vinculada al conflicto armado, con impactos directos en la población civil. De acuerdo con el reporte, más de nueve millones de personas han sido afectadas por esta situación, mientras que en 2025 se registraron 165 asesinatos de defensores de derechos humanos, según datos citados del programa Somos Defensores.
La organización también advierte que comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes continúan entre las más afectadas, enfrentando desplazamientos forzados, limitaciones en el acceso a servicios básicos y condiciones de inseguridad en diversas regiones del país.
En el caso de Venezuela, el informe describe un contexto marcado por restricciones a la participación social y política. Señala que durante 2025 se documentaron cientos de detenciones consideradas irregulares, además de reportes de desapariciones y acciones contra periodistas y activistas.
Entre las principales preocupaciones se encuentran las detenciones arbitrarias, el uso del sistema judicial como mecanismo de control y las dificultades para el ejercicio de libertades civiles. Asimismo, se destaca que varias personas permanecen privadas de la libertad en procesos que han sido cuestionados por organismos internacionales.
El informe también hace referencia a un contexto regional en el que se observa un incremento en el uso de la fuerza por parte de autoridades, lo que, según la organización, puede agravar los riesgos para defensores, periodistas y comunidades vulnerables en América Latina.
Ante este panorama, Amnistía Internacional reiteró el llamado a fortalecer mecanismos de protección, garantizar el acceso a la justicia y promover condiciones que permitan el ejercicio seguro de la defensa de los derechos humanos.
