Canadá endurece política migratoria y advierte deportaciones masivas hacia EE. UU.
El gobierno de Canadá ha iniciado una nueva fase en su política migratoria al emitir notificaciones a miles de personas en situación irregular, advirtiendo sobre su posible expulsión hacia Estados Unidos. La medida forma parte de una reforma legal que busca reducir la presión sobre el sistema de asilo.
De acuerdo con autoridades canadienses, el proceso contempla la salida voluntaria de quienes ingresaron al país por vías no oficiales. En caso de no acatar el llamado, podrían enfrentar órdenes de detención y deportación forzosa.
La estrategia se sustenta en la denominada Ley C-12, una reforma que modifica los procedimientos para solicitantes de refugio. Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de audiencias ante instancias especializadas, lo que anteriormente permitía evaluar cada caso de manera individual.
El nuevo esquema también establece que las personas que ingresaron después de junio de 2024 y no formalizaron su solicitud en un plazo de un año pierden la posibilidad de acceder a ciertos mecanismos legales de defensa. Esta disposición ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que podría dejar a miles de personas en una situación de vulnerabilidad jurídica.
El proceso de notificación comenzó a implementarse con mayor alcance desde 2025 y actualmente impacta a un estimado de 30 mil migrantes. Las autoridades han solicitado que quienes reciban estas comunicaciones confirmen su salida del país ante las instancias correspondientes.
Diversas organizaciones y expertos en derecho migratorio han señalado inquietudes sobre la claridad de la información proporcionada en los avisos oficiales, así como sobre las implicaciones que estas medidas podrían tener en materia de derechos humanos.
Uno de los principales puntos de atención es el destino de los migrantes tras su salida de Canadá. Al regresar a territorio estadounidense, podrían enfrentar procedimientos migratorios adicionales, incluyendo detenciones, dependiendo de su estatus legal.
Analistas consideran que este cambio representa una transformación significativa en la política migratoria canadiense, que históricamente había sido reconocida por sus mecanismos de protección a solicitantes de asilo. Ahora, el enfoque se orienta hacia la agilización de procesos y el control fronterizo.
En este contexto, se prevé que el impacto de la reforma continúe generando debate tanto a nivel interno como internacional, especialmente en lo relacionado con el equilibrio entre seguridad, gestión migratoria y respeto a los derechos fundamentales.
