Cuba autoriza por primera vez en casi 70 años la creación de empresas público-privadas
El Gobierno de Cuba publicó en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley 114/2025, que permite la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y actores no estatales, marcando un cambio relevante en el modelo económico de la isla.
La medida abre la puerta a asociaciones entre empresas estatales y cooperativas o micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), bajo la figura de Sociedad de Responsabilidad Limitada mixta (S.R.L. mixta). Este esquema permitirá que ambas partes puedan operar cuentas bancarias, decidir sobre exportaciones e importaciones, así como participar en la definición de productos, servicios, precios y salarios, siempre bajo regulación oficial.
El anuncio se produjo un día después de que el presidente Miguel Díaz-Canel hiciera un llamado a implementar transformaciones “urgentes” al modelo económico durante una reunión del Consejo de Ministros. En ese contexto, el mandatario subrayó la importancia de aprovechar asociaciones entre el sector estatal y privado, especialmente a escala municipal, así como promover negocios con cubanos residentes en el exterior.
Un cambio en el modelo económico
Durante décadas, el Estado cubano sostuvo que la empresa estatal socialista debía ser el actor central de la economía. Aunque en momentos de crisis —como el llamado “Periodo Especial” de los años noventa— se permitió cierta apertura, el término “sector privado” fue evitado oficialmente y sustituido por denominaciones como “sector no estatal” o “cuentapropistas”.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, el Gobierno autorizó formalmente la creación de mipymes, y la Constitución reconoció por primera vez la “propiedad privada”. Según datos oficiales, en 2024 existían cerca de 9,900 empresas privadas en la isla, que empleaban a más del 30% de la población ocupada.
En el actual contexto de dificultades económicas y desabastecimiento, las mipymes han asumido un papel relevante en la oferta de bienes y servicios, aunque con precios que no siempre resultan accesibles para todos los sectores de la población.
Supervisión estatal y retos
El nuevo decreto establece que estas asociaciones deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación, que mantendrá la supervisión sobre su funcionamiento. Analistas como el economista Ricardo Torres han señalado que, si bien la medida amplía el margen de acción empresarial, se mantiene dentro de un esquema centralizado donde el Estado conserva la facultad de autorizar o rechazar cada proyecto.
De acuerdo con especialistas, el Gobierno busca aprovechar la capacidad de gestión y el capital del sector privado sin perder su posición predominante en la economía nacional.
La implementación práctica de la norma será clave para evaluar su impacto en el desarrollo productivo del país. Por ahora, el decreto representa un paso significativo en la evolución del modelo económico cubano, en un escenario marcado por desafíos estructurales y presiones externas.
