Empresarios de EE. UU. alertan en el Congreso sobre el impacto económico de las deportaciones masivas

Redacción Central Noticias Tamaulipas

Washington, D. C.— Más de un centenar de empresarios de distintos sectores se reunieron esta semana en el Capitolio para advertir a los legisladores sobre las consecuencias económicas de las deportaciones masivas impulsadas por la administración de Donald Trump, que —según afirman— están dejando sin trabajadores a múltiples industrias en todo Estados Unidos.

El encuentro forma parte de la misión “Asegurar la mano de obra de América”, organizada por la American Business Immigration Coalition (ABIC), una alianza bipartidista que reúne a más de 1,700 líderes empresariales de 17 estados. Su objetivo es pedir al Congreso la aprobación de reformas que permitan otorgar permisos de trabajo a migrantes indocumentados que actualmente resultan esenciales para la economía estadounidense.

Crisis de mano de obra y riesgo económico

De acuerdo con datos de ABIC, existen alrededor de ocho millones de vacantes laborales en el país, principalmente en sectores como la construcción, la agricultura, la hotelería y la sanidad. La falta de personal —señala la organización— está elevando los costos de producción y afectando el acceso a bienes y servicios básicos.

“La economía estadounidense no puede crecer sin vías legales para los trabajadores que la impulsan”, expresó Rebecca Shi, directora ejecutiva de ABIC, al subrayar que las empresas enfrentan graves dificultades para mantenerse operativas ante la reducción de la fuerza laboral migrante.

La propuesta del “Estatus de Dignidad”

Los empresarios respaldan el proyecto de ley de la Dignidad (Dignity Act), impulsado por la congresista republicana María Elvira Salazar (Florida) y la demócrata Verónica Escobar (Texas). La iniciativa propone un permiso de residencia y trabajo legal para personas que lleven más de cinco años en el país, no tengan antecedentes penales y paguen una multa de 7,000 dólares por haber estado indocumentadas.

Aunque el plan no contempla una vía hacia la ciudadanía, sus promotores aseguran que podría ofrecer una solución pragmática ante la actual crisis laboral. “Estamos enviando el mensaje equivocado de que no queremos a esta gente aquí”, declaró Salazar, quien advirtió que las políticas de deportación podrían incluso perjudicar electoralmente al Partido Republicano.

Migración y política: un debate abierto

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han provocado miedo entre miles de trabajadores, muchos de los cuales han abandonado sus empleos o han sido deportados. Esto ha afectado especialmente a sectores donde los migrantes son mayoría: el 51 % de los trabajadores de la industria láctea, el 45 % del envasado de carne y el 29 % de la construcción.

Por su parte, el senador demócrata Rubén Gallego (Arizona) reconoció que su partido “se equivocó al no escuchar a las comunidades fronterizas”, y abogó por una estrategia más gradual: reforzar la seguridad en la frontera, pero también otorgar protección legal a los dreamers y trabajadores con años de residencia en el país.

Gallego destacó que en su estado, más de un tercio de la fuerza laboral es latina y que contribuyen con unos 700 millones de dólares en impuestos al año. “Debemos encontrar un punto medio que combine control y humanidad”, dijo.

Un llamado a la acción legislativa

Aunque ninguna de las propuestas migratorias cuenta con el apoyo necesario para avanzar en el Congreso, los empresarios aseguraron que continuarán presionando para lograr una reforma que permita estabilizar el mercado laboral.

“No se trata de política, sino de supervivencia económica”, afirmó uno de los participantes, señalando que las deportaciones no solo afectan a los migrantes, sino también a las empresas y a los consumidores estadounidenses.

Con el Congreso dividido y un clima político cada vez más polarizado, el desafío de equilibrar seguridad fronteriza y estabilidad económica sigue siendo uno de los temas más urgentes en la agenda nacional.