Ciudades demócratas de EE. UU. enfrentan el despliegue militar ordenado por Donald Trump
Las tensiones políticas entre el gobierno federal de Estados Unidos y varios Estados gobernados por demócratas se intensificaron este fin de semana, luego de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en distintas ciudades, pese a la oposición de las autoridades locales.
Tanto Illinois, donde se encuentra Chicago, como Oregón, cuya capital es Portland, han recurrido a los tribunales federales para bloquear las medidas, que califican de inconstitucionales y de una intromisión en la soberanía estatal.
Demandas y bloqueos judiciales
El domingo por la noche, la jueza Karin Immergut dictó una orden judicial que prohíbe temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, tras considerar que el presidente podría haber excedido sus facultades. Horas después, el Estado de Illinois presentó una demanda con el mismo objetivo, buscando impedir que Trump envíe a 300 soldados locales y 400 efectivos de Texas a Chicago.
El gobernador J.B. Pritzker calificó la medida como “ilegal y peligrosa” y afirmó que representa una “invasión política” contra su Estado. “Estos pasos en la guerra declarada por Trump contra Chicago e Illinois son ilegales y peligrosos”, señaló en un comunicado.
Una estrategia de control federal
La Guardia Nacional es un cuerpo de reserva bajo control estatal, salvo en situaciones excepcionales cuando pasa al mando federal. La administración Trump ha justificado el despliegue argumentando que busca restaurar el orden público y combatir el crimen y la inmigración irregular en ciudades que describe como “zonas de guerra”.
Sin embargo, los gobernadores y alcaldes de los Estados afectados sostienen que las protestas locales, en su mayoría pacíficas, no justifican la militarización de las calles.
Tensión entre poderes
La jueza Immergut, nombrada por el propio Trump, consideró en su resolución que las protestas en torno a las oficinas del Servicio de Control de Inmigración (ICE) no fueron violentas ni disruptivas en las semanas previas al despliegue militar. También apuntó que la orden presidencial podría violar la Décima Enmienda de la Constitución estadounidense, que limita la intervención del gobierno federal en los asuntos de los Estados.
La Casa Blanca, por su parte, anunció que apelará la decisión judicial, mientras que el asesor político Stephen Miller calificó la resolución de la jueza como un acto de “insurrección legal”.
Otras ciudades bajo control federal
Además de Chicago y Portland, la administración Trump ha ordenado despliegues similares en Los Ángeles, Washington D. C. y Memphis, dentro de una política de seguridad que algunos analistas interpretan como un intento por reforzar la narrativa de “mano dura” de cara al próximo ciclo electoral.
El gobernador de California, Gavin Newsom, también expresó su rechazo, calificando la acción como “un abuso de poder” que “socava el Estado de derecho”.
Contexto político y electoral
Los gobiernos estatales demócratas acusan al presidente de utilizar las fuerzas armadas con fines políticos, mientras que la Casa Blanca argumenta que sus medidas buscan garantizar la seguridad ciudadana ante lo que describe como “protestas violentas y organizadas”.
En medio de esta disputa, las manifestaciones continúan en varias ciudades, especialmente en Portland y Chicago, donde ciudadanos y activistas mantienen su rechazo al aumento de la presencia militar y piden respeto a la autonomía estatal.
