Familia de adulta mayor de 102 años denuncia despojo de su vivienda en Naucalpan
Doña Guadalupe Chávez Ortiz, una mujer de 102 años de edad, busca recuperar la vivienda que construyó con décadas de trabajo como comerciante, tras denunciar que fue despojada de su propiedad mediante presunto fraude y suplantación de identidad. Su familia ha solicitado la intervención de las autoridades para resolver el caso, que se remonta a 2018.
La vivienda, ubicada en la colonia Lomas Hipódromo, fue invadida y posteriormente vendida sin el conocimiento ni autorización de la propietaria. Según el testimonio de su nieta Gabriela, desde esa fecha el inmueble ha cambiado de manos al menos tres veces, a partir de una primera venta supuestamente realizada con documentos falsificados, entre ellos una credencial de elector y una firma apócrifa.
Aunque el caso fue denunciado en su momento, los familiares acusan que la investigación no avanzó de manera adecuada. Incluso, señalan que la carpeta de investigación original fue extraviada por la Fiscalía Regional de Justicia de Naucalpan, lo que obligó a iniciar el proceso legal desde el principio.
“Esto no es solo un despojo, es una red de complicidades. Mi abuela merece justicia. Esta casa fue el fruto de toda su vida de trabajo”, expresó Gabriela durante una conferencia de prensa, en la que insistió en que la familia no cesará en su intento por recuperar el patrimonio de doña Guadalupe.
En días recientes, la familia organizó una movilización en Periférico Norte para visibilizar el caso. Contaron con el respaldo de activistas, organizaciones como Enjambre Ciudadano y Fundación Delos, así como del abogado e influencer Carlos Mata, quienes han impulsado acciones de acompañamiento y difusión.
La familia ha solicitado públicamente la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que se reanude la investigación y se refuercen los mecanismos legales contra el fraude inmobiliario.
Este caso pone en relieve los desafíos que enfrentan muchas personas mayores frente a delitos patrimoniales, así como la importancia de fortalecer la protección jurídica para evitar que estos hechos queden impunes.
