Padres de familia exigen investigación por presunto maltrato a alumnos en CAM de Ciudad Madero

Ciudad Madero, Tamaulipas, 1 de septiembre de 2026.- Padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) “Luz Esthela Céspedes García”, ubicado en la colonia Francisco Villa, se manifestaron este lunes para exigir a las autoridades educativas una investigación exhaustiva ante presuntos casos de maltrato hacia estudiantes con discapacidad.

Durante la protesta realizada en el exterior del plantel, los inconformes señalaron a una docente identificada como Norma Alicia Juárez Lara, asegurando que existen antecedentes de denuncias y quejas presentadas ante la dirección de la institución, el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) y la Supervisión Escolar.

Los manifestantes expusieron diversos testimonios y situaciones que, a su consideración, requieren ser esclarecidas por las autoridades competentes. Entre los casos mencionados, una madre de familia relató que su hijo, quien padece parálisis cerebral infantil, habría sido sometido a una acción inapropiada por parte de la docente, quien presuntamente reconoció haberlo tomado de la nuca y acercado al piso para que recogiera un objeto.

Los padres enfatizaron que no buscan emitir juicios anticipados ni señalar culpabilidades sin sustento, sino que las denuncias sean atendidas y se realice una investigación imparcial que permita determinar si existió alguna conducta irregular.

Debido a que muchos de los estudiantes presentan diversas condiciones que dificultan su comunicación verbal, las familias consideraron necesario fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia dentro del centro educativo.

Entre las principales peticiones destaca la instalación de un sistema de videovigilancia en las instalaciones del CAM, proyecto que, de acuerdo con estimaciones de los propios padres de familia, requeriría una inversión aproximada de 250 mil pesos.

Asimismo, durante la manifestación también surgieron cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos de la Asociación de Padres de Familia. Algunos asistentes denunciaron que una cuota de mil 600 pesos, presentada como voluntaria, presuntamente estaría siendo solicitada como requisito para la entrega de documentación escolar.

Los inconformes hicieron un llamado a las autoridades educativas para que atiendan sus planteamientos, revisen cada uno de los señalamientos y emitan una respuesta formal sobre las acciones que se emprenderán.

Finalmente, señalaron que cuando se trata de la seguridad, integridad y bienestar de estudiantes con discapacidad, resulta indispensable garantizar transparencia, vigilancia y la aplicación de los protocolos correspondientes para proteger a los menores y brindar certeza a sus familias.

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